La Comisión Europea ha dado esta semana un paso atrás parcial en su propuesta para prohibir el uso de munición con plomo. El Comité REACH ha aprobado ampliar a cinco años el plazo transitorio para retirar los perdigones de plomo utilizados en la caza menor y el tiro deportivo. Una decisión que, aunque supone una mejora respecto al planteamiento inicial, ha sido recibida con escepticismo y preocupación por buena parte del sector cinegético español.
La propuesta original preveía la prohibición de los cartuchos con plomo en un plazo de apenas 18 meses y la retirada progresiva de la munición metálica en tres a cinco años. Tras meses de presión de varios Estados miembros y del propio sector, Bruselas ha optado por suavizar el calendario. Además, las balas de caza mayor quedan, por el momento, fuera del ámbito de la prohibición, lo que supone un alivio parcial para la actividad cinegética.
Desde la Real Federación Española de Caza (RFEC), así como desde numerosas federaciones autonómicas, se reconoce que la ampliación a cinco años representa un avance frente a la propuesta inicial. Sin embargo, el sector considera que el plazo sigue siendo claramente insuficiente para una transición realista y ordenada.
El principal argumento es contundente: a día de hoy no existe una alternativa al plomo que sea plenamente viable desde el punto de vista técnico, económico y de disponibilidad. Materiales como el acero presentan problemas de compatibilidad con un gran número de armas antiguas, muy extendidas en la caza social española. Se estima que cerca de medio millón de escopetas podrían no ser aptas para este tipo de munición, lo que obligaría a muchos cazadores a renovar su equipo con un coste elevado.
La exclusión actual de las balas de caza mayor de la prohibición ha sido bien recibida por el sector, pero con cautela. Desde las organizaciones cinegéticas se recuerda que la propia Comisión Europea contempla revisar esta excepción en el futuro, por lo que no se considera una solución definitiva, sino un alivio temporal.
Este contexto de incertidumbre complica la planificación a medio y largo plazo, tanto para cazadores como para fabricantes de armas y munición, que reclaman seguridad jurídica y reglas claras antes de acometer inversiones importantes.
El sector cinegético ha sido especialmente crítico con la postura del Gobierno de España durante la tramitación de la propuesta. Las organizaciones federativas consideran que el Ministerio para la Transición Ecológica ha mantenido una posición alineada con las posturas más restrictivas, sin promover un diálogo técnico real ni plantear medidas de acompañamiento para facilitar la transición, como incentivos para la renovación de armas o la gestión de los stocks existentes.
La propuesta del Comité REACH deberá seguir su tramitación en los próximos meses y previsiblemente será votada por los Estados miembros antes de llegar al Parlamento Europeo. Si sale adelante, la entrada en vigor no se produciría antes de 2027.
Mientras tanto, el sector cinegético insiste en que el debate no debería centrarse únicamente en los plazos, sino en cómo garantizar una transición viable, segura y socialmente sostenible. En este sentido, la RFEC sigue reclamando un periodo transitorio mínimo de diez años, acompañado de soluciones técnicas reales que permitan abandonar el plomo sin provocar un impacto desproporcionado sobre la caza social y el medio rural.
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