La ampliación de la licencia interautonómica de caza, formalizada en marzo de 2026 con la incorporación de Andalucía y Castilla‑La Mancha, supone mucho más que un simple aumento en el número de comunidades autónomas adheridas. El verdadero alcance de esta decisión se entiende mejor cuando se analiza desde una perspectiva territorial: por primera vez, una única licencia permite cazar en casi todo el mapa cinegético español.
A partir de febrero de 2026, la licencia interautonómica de caza es válida en 10 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia. La incorporación de Andalucía y Castilla-La Mancha, aprobada mediante Decreto-ley en marzo de 2026, supone el mayor salto en la historia del acuerdo interautonómico.
Precio en 2026: 70 euros
La tasa para 2026 es de 70€, con validez de un año desde la fecha de expedición. No existe ningún tipo de exención, bonificación por edad, discapacidad o condición de federado — el precio es fijo para cualquier cazador.
LICICAZ: la nueva plataforma de gestión digital
El convenio 2026 incluye la integración con LICICAZ, una plataforma digital que permite el intercambio automatizado de datos entre comunidades. Esto agiliza la verificación en controles de campo y elimina la necesidad de llevar documentación física adicional en algunas comunidades.
Hasta ahora, la licencia interautonómica era válida en ocho comunidades autónomas. Este marco ya suponía un avance importante en términos de simplificación administrativa, pero dejaba fuera dos regiones clave para la actividad cinegética. Con la entrada de Andalucía y Castilla‑La Mancha, el sistema cambia de escala y pasa a cubrir diez comunidades, entre ellas algunas de las más extensas y con mayor tradición cinegética del país.
Si se mide el impacto únicamente en términos de número de territorios, el salto puede parecer limitado. Sin embargo, cuando se analiza la superficie real donde se puede cazar, el cambio es muy significativo. Antes de la ampliación, la licencia interautonómica daba acceso aproximadamente al 53 % de la superficie cinegética nacional. Tras la incorporación de las dos nuevas comunidades, esa cobertura se eleva hasta alrededor del 86 %. En la práctica, esto significa que más de ocho de cada diez hectáreas declaradas como terreno cinegético en España quedan ahora bajo el paraguas de una única licencia anual.
Castilla‑La Mancha aporta más de siete millones de hectáreas cinegéticas y Andalucía ronda cifras similares. Su incorporación explica casi por completo el salto de más de treinta puntos porcentuales en la cobertura territorial de la licencia. Lo que antes era una herramienta interesante para determinados perfiles de cazadores pasa a convertirse en un instrumento casi universal para quienes se desplazan entre comunidades a lo largo de la temporada.
Este cambio tiene una traducción directa en la planificación de la actividad cinegética. Monterías en Andalucía, recechos en Castilla‑La Mancha y jornadas de caza menor en Castilla y León pueden organizarse ahora sin necesidad de tramitar licencias autonómicas adicionales. Para el cazador que participa en varias modalidades o que se mueve habitualmente entre territorios limítrofes, la simplificación es evidente, tanto en términos administrativos como económicos.
La ampliación del convenio no solo afecta al acceso al territorio, sino que refuerza también la coherencia del sistema de control. La licencia interautonómica incorpora un reconocimiento mutuo de sanciones e inhabilitaciones entre las comunidades adheridas. Esto evita situaciones que se daban en el pasado, en las que un cazador sancionado en una comunidad podía seguir ejerciendo la actividad en otra sin restricciones. Desde el punto de vista de la gestión y de la imagen del sector, este aspecto es tan relevante como la propia ampliación territorial.
Desde una perspectiva económica, el nuevo escenario refuerza el papel de la caza como motor del medio rural. Las comunidades que ahora se incorporan al sistema son, además, algunas de las que más cazadores reciben procedentes de otras regiones. Facilitar esa movilidad con un marco administrativo común contribuye a dinamizar la actividad en cotos, alojamientos rurales, restauración y servicios asociados, especialmente en zonas con problemas de despoblación.
Conviene subrayar que la licencia interautonómica no elimina la normativa específica de cada comunidad. Las vedas, especies autorizadas, cupos y modalidades siguen siendo competencia autonómica. La diferencia es que el cazador ya no necesita múltiples licencias para acceder a la mayor parte del territorio cinegético español, sino que puede hacerlo con un único documento, válido durante un año natural.
Con una cobertura cercana al 86 % de la superficie cinegética, la licencia interautonómica alcanza una dimensión que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar. Aunque todavía quedan comunidades fuera del convenio, el grueso del territorio y de la actividad cinegética del país ya está integrado. El debate, a partir de ahora, no gira tanto en torno a la utilidad de esta licencia, sino en torno a si el modelo terminará extendiéndose al conjunto del Estado.
Lo que resulta indiscutible es que, con la entrada de Andalucía y Castilla‑La Mancha, la licencia interautonómica deja de ser una solución parcial para convertirse en una herramienta central en la organización de la caza en España. Una herramienta que, por primera vez, cubre prácticamente todo el terreno donde la caza tiene lugar.
Actualizado 12/05/2026
Jose M M G Jose M Martinez | LinkedIn
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