“Impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en España (2023)”
(Fundación Artemisan & Deloitte, publicado 2025)
Valor añadido. La actividad cinegética aportó 10 190 M € de PIB en 2023, el 0,62 % del PIB nacional y un 15,5 % del PIB agrario, a partir de un gasto directo de 8 699 M €.
Recaudación fiscal. La Administración ingresó 1 200 M € en IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades relacionados con la caza, más 190 M € por licencias y tasas específicas.
Efecto arrastre. Sectores conexos (hostelería, transporte, armería, artesanía, turismo rural…) reciben más de 358 M € en consumo anual; un 25 % de los ingresos de los organizadores procede de cazadores extranjeros, impulsando la “Marca España”.
199 000 empleos sostenidos (0,9 % de la población ocupada); de ellos, 45 642 son directos en cotos y empresas organizadoras.
Anclaje rural. ~80 % de esos puestos se ubican en los mismos municipios donde se asientan los cotos, un refuerzo crítico frente a la despoblación.
Perfil profesional amplio: desde guardas rurales y rehaleros hasta personal veterinario, hostelería o transporte. El flujo de cazadores genera kilómetros, pernoctaciones y demanda de vehículos todoterreno, dinamizando servicios locales.
Participación comunitaria. Federaciones y clubes organizaron más de 1,9 M de asistencias a charlas y jornadas de buenas prácticas cinegéticas en 2023.
Patrimonio inmaterial. Modalidades como la cetrería o la montería están reconocidas como Bien de Interés Cultural; la artesanía cinegética mueve 30 M € anuales y conserva oficios tradicionales.
Formación. 13 universidades incluyen gestión cinegética en sus grados forestales; más de la mitad de las federaciones imparten programas educativos en distintas etapas.
Seguridad vial. El control poblacional de especies reduce riesgos: fauna cinegética estuvo implicada en el 83,7 % de los accidentes de tráfico con animales; jabalí y corzo concentran el 73 %.
Costes evitados. Titulares y organizadores abonaron 11 M € en indemnizaciones agrarias, mitigando el impacto en cultivos.
Servicios ecosistémicos urbanos. 25 aeropuertos españoles usan cetrería para prevención de colisiones con aves, un retorno de conocimiento cinegético a la aviación civil.
Cobertura de gestión. 42,7 M ha (84 % del territorio) están declaradas como terrenos cinegéticos; el 86,7 % es oferta privada, lo que convierte a titulares y gestores en actores clave de la conservación.
Inversión verde.
288,7 M € anuales en infraestructuras y mejoras de hábitat (cortafuegos, repoblaciones, puntos de agua…).
31 M € adicionales de asociaciones para programas de especies amenazadas.
Biodiversidad. El 58 % de los cotos alberga especies protegidas; hasta el 36 % participa en proyectos de conservación (lince ibérico, rapaces…).
Gestión de sobreabundancia. La población de jabalí se ha duplicado en la última década; la caza es citada por el sector público como la herramienta más eficaz y económicamente viable para controlar daños agrícolas, zoonosis y accidentes.
En los grandes debates de España 2025 —despoblación rural, transición ecológica, cohesión social y sostenibilidad fiscal— la actividad cinegética presenta, según el informe, una cuádruple contribución:
Economía real y recaudación comparables a subsectores agroalimentarios consolidados.
Empleo estable en núcleos despoblados, difícilmente sustituible por otras industrias.
Externalidades ambientales positivas (prevención de daños, custodia del territorio, inversiones en hábitat) que el Estado tendría que asumir si la gestión privada desapareciera.
Patrimonio cultural y educativo que fortalece la identidad y la economía creativa de las zonas rurales.
La conclusión central del estudio es que mantener una caza regulada y sostenible no solo genera riqueza, sino que internaliza costes que, de otro modo, recaerían sobre las arcas públicas y la sociedad en su conjunto.
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